La reciente ley 12/2023, de 24 de mayo, introduce cambios significativos en el mercado inmobiliario español, especialmente, en la regulación de los grandes tenedores de vivienda. Esta ley afecta principalmente a entidades y personas que poseen un número significativo de propiedades, con el objetivo de equilibrar el mercado y proteger a los arrendatarios. A continuación, te explicamos desde AEDAS Homes quién califica como gran tenedor y qué implicaciones tiene esta designación bajo la nueva legislación.
¿Quiénes son considerados grandes tenedores?
Un “Gran Tenedor” según la nueva ley se define como cualquier persona jurídica o entidad que posea más de diez viviendas. Esta categorización también incluye a personas físicas que, a través de diversas sociedades, controlen un número similar de propiedades. La ley busca regular más estrictamente a estos grandes tenedores para asegurar que contribuyan de manera justa al esfuerzo nacional de hacer la vivienda más accesible.
La definición es crucial porque establece responsabilidades y obligaciones específicas para estos actores del mercado, diferenciándolos de los pequeños propietarios, quienes no están sujetos a las mismas normas rigurosas. Por ejemplo, se establecen límites en la capacidad de estos grandes tenedores para incrementar rentas y se les imponen deberes adicionales en términos de oferta de vivienda asequible.
Implicaciones de ser un gran tenedor bajo la nueva ley
Regulación de precios y alquileres
Uno de los aspectos más destacados de la ley es la regularización en la actualización de los alquileres. Los grandes tenedores están sujetos a un marco regulatorio más estricto que limita cuánto pueden aumentar el alquiler anualmente, incluso en casos de nuevos contratos o renovaciones. Esto pretende evitar incrementos desproporcionados que podrían desplazar a inquilinos de menor poder adquisitivo.
Obligaciones adicionales
Además de las restricciones en el aumento de las rentas, los grandes tenedores tienen la obligación de contribuir a la oferta de vivienda social. La ley estipula que una parte de su cartera debe estar disponible a precios reducidos para la población vulnerable, una medida diseñada para ampliar el acceso a vivienda asequible.
Transparencia y colaboración con el Estado
La ley también impone a los grandes tenedores la responsabilidad de reportar regularmente sus actividades de alquiler y las características de su cartera de viviendas. Esto tiene como objetivo aumentar la transparencia en el mercado inmobiliario y permitir una mejor planificación y regulación estatal.
A modo de resumen, podemos afirmar que la designación de gran tenedor, bajo la nueva Ley de Vivienda, implica una serie de responsabilidades diseñadas para moderar la especulación inmobiliaria y promover una distribución más equitativa de la vivienda. A través de estas medidas, el gobierno busca crear un mercado de alquiler más estable y accesible para todos los ciudadanos.