Un respaldo para propietarios e inquilinos
En un mercado del alquiler cada vez más dinámico, garantizar la seguridad y tranquilidad de todas las partes implicadas se ha convertido en una prioridad que hay que atajar. Una de las herramientas que está recibiendo todas las atenciones en este contexto es el aval público por impago de alquiler, una medida pensada para proteger tanto a propietarios como a inquilinos en caso de impagos. Pero, ¿en qué consiste exactamente este aval y cómo puede beneficiarte? Te lo explicamos.
¿Qué es un aval público?
La definición de aval público por impago de alquiler se entiende como un instrumento de garantía ofrecido por entidades públicas, generalmente a través de gobiernos autonómicos o municipales, para cubrir el riesgo de que un inquilino no pague la renta pactada.
A diferencia de los avales bancarios o los seguros privados de impago, el aval público tiene un carácter social. Su objetivo es principalmente facilitar el acceso a la vivienda en alquiler, especialmente para colectivos vulnerables, jóvenes o personas con dificultades para ofrecer garantías tradicionales a los propietarios.
¿Cómo funciona?
El funcionamiento es sencillo: la administración actúa como avalista del inquilino ante el propietario. Esto significa que, si en algún momento el inquilino dejara de pagar el alquiler, la administración respondería por él y asumiría el importe correspondiente durante un período determinado (habitualmente entre 6 y 12 meses).
Posteriormente, el inquilino deberá reintegrar esa cantidad a la administración, normalmente a través de un plan de pagos o ayudas específicas.
¿Quién puede acceder a él?
Cada comunidad autónoma o ayuntamiento establece sus propios requisitos, pero en general, el aval público se dirige a:
- Jóvenes menores de 35 años.
- Familias con ingresos limitados.
- Personas en situación de vulnerabilidad económica.
- Víctimas de violencia de género.
- Personas mayores con dificultades de acceso al alquiler.
En todos los casos es necesario cumplir con ciertos criterios de solvencia, empadronamiento y limitaciones de renta para poder optar a este tipo de aval.
¿Qué ventajas ofrece?
Tanto propietarios como inquilinos pueden beneficiarse de esta medida de distintas formas:
Para el inquilino:
- Facilita el acceso a la vivienda sin necesidad de grandes ahorros o avalistas privados.
- Refuerza su perfil ante los propietarios.
- En algunos casos, se acompaña de ayudas al alquiler adicionales.
Para el propietario:
- Aumenta la seguridad frente a posibles impagos.
- Reduce el riesgo al alquilar a perfiles con menos recursos.
- Supone un respaldo institucional que transmite confianza.
¿Dónde está disponible actualmente?
Este tipo de aval ya se ha implementado en comunidades como Cataluña, País Vasco o Madrid, y se está estudiando su ampliación a otras regiones. Cada administración tiene su propia normativa, plazos y forma de solicitud, por lo que conviene consultar los portales oficiales o servicios de vivienda locales para conocer los detalles.
Una herramienta con futuro
En un momento en el que el alquiler se consolida como una opción habitacional cada vez más extendida, el aval público se perfila como una medida útil para garantizar estabilidad y confianza. Al proteger a ambas partes, ayuda a dinamizar el mercado y a que más personas puedan acceder a una vivienda digna sin temor a situaciones de impago.
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